Un proyecto de ley que perjudica y daña a los pacientes y a la Sanidad Pública

Los servicios de Salvamento y Socorrismo de la Cruz Roja recomiendan explícitamente “no nadar contra la corriente”. Como todos podemos imaginar las razones son obvias en función de los riesgos, incluso mortales, que supone. Cuando el tratar de nadar contracorriente no es fruto de una iniciativa individual, sino que obedece a razones fuera de la lógica y el sentido común que pueden llegar a materializarse en normas o leyes, hay que denunciarlo sin ningún tipo de miramiento. Máxime si, como vamos a exponer seguidamente, detrás de una palabrería grandilocuente para contentar a los socios de ultraizquierda del Gobierno del Estado, no hay, ni medidas evaluadas y ponderadas para mejorar la vida de los ciudadanos, ni mucho menos ningún tipo de solución. Sólo ruido para crear alarma, debates estériles y perjudicar a los pacientes y a la Sanidad Pública que dicen defender.

El Consejo de ministros celebrado ayer dio luz verde al Proyecto de Ley para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Desde la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), que me honro en representar, nuestra primera valoración es de absoluto desconcierto. El Proyecto de Ley incorpora una modificación del artículo 47 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) para establecer que únicamente entidades del sector público podrán llevar a cabola gestión de los recursos asistenciales del SNS. La aplicación de ese hipotético nuevo precepto llevaría de manera inmediata a la segunda de nuestras valoraciones: primero al caos y acto seguido al colapso de la atención sanitaria en España.

En el caso de la Comunidad de Madrid, con casi siete millones de ciudadanos, hay que tener en cuenta que sumando los recursos públicos y privados la atención sanitaria de los mismos dispone de 144.000 profesionales, 83 hospitales con 20.800 camas, 680 quirófanos, 126 resonancias magnéticas, 14 litotricias por ondas de choque, 17 tomógrafos por emisión de positrones, 83 mamógrafos, 43 densitómetros óseos, 106 tomógrafos axiales computerizados, 48 aceleradores de partículas, 49 salas de hemodinámica, 48 angiógrafos por sustracción digital; 31 gamma cámaras, 26 tomógrafos por emisión de fotones y 666 equipos de hemodiálisis. Hablamos, al cabo del año, de casi 800.000 ingresos hospitalarios, 4,4 millones de urgencias, 5,2 millones de estancias, 17,6 millones de consultas de atención especializada y 850.000 intervenciones quirúrgicas.

La aplicación de ese hipotético nuevo precepto llevaría de manera inmediata a la segunda de nuestras valoraciones: primero al caos y acto seguido al colapso de la atención sanitaria en España.

Extraer de ese conjunto los recursos de la sanidad privada madrileña representaría restar 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas, 250 quirófanos y una parte sustancial y puntera de la tecnología sanitaria. Unos recursos de la sanidad privada madrileña que asumen el 31% de los ingresos y de las altas realizadas, el 27% de las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas del conjunto de las realizadas en la Comunidad de Madrid. Es decir, como habíamos apuntado, prescindir de estos recursos nos llevaría a la confusión y al caos en un primer momento y al colapso de la atención sanitaria madrileña a continuación. Más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos.

La colaboración pública privada es fundamental en todos los ámbitos de actividad de una sociedad desarrollada. En el caso de la sanidad, en el que las Comunidades Autónomas han recibido la transferencia de la gestión pública de la misma teniendo que garantizar la cobertura universal, ha sido indispensable dicha colaboración público privada, que, por otra parte, se ha fraguado y mejorado a lo largo de los años.

El actual Sistema Nacional de Salud es heredero de un modelo de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, creado y consolidado en unas circunstancias sociales de nuestro país que no son las actuales. El desarrollo, la riqueza y la economía de España son muy diferentes de las de hace más de 50 años. Algo similar ocurre, asimismo, con otro referente más próximo como es la Ley General de Sanidad de 1986, el año en el que entró en vigor la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.

La Comunidad de Madrid es mucho más rica y está más densamente poblada que en las épocas pasadas en las que empezó a fraguarse el SNS. No se puede hacer una planificación en una pizarra sin tener en cuenta todos los agentes y factores que coadyuvan la realidad actual de la sanidad madrileña. Es más, sabemos que el Gobierno regional no lo consentiría jamás.

De ese convencimiento, tenemos que extraer una segunda denuncia sobre “el ruido” que pretende provocar el proyecto de Ley que nos ocupa. El mismo texto, después de decir que la gestión del SNS será exclusivamente gestión directa de organismos públicos, contempla las posibles excepciones, y detalla que las Comunidades Autónomas (CCAA) tendrán que justificarlas y motivarlas objetivamente. El órgano que validará si las excepciones planteadas por una determinada Comunidad cumplen los requisitos será el Consejo Interterritorial del SNS. Como todos ustedes saben es un órgano consultivo sin capacidad ejecutiva, como se ha venido demostrando a lo largo de los últimos años y muy especialmente durante la reciente pandemia de COVID-19. La conclusión es que cuando una Comunidad Autónoma plantee con racionalidad la justificación de la necesidad de determinada colaboración público privada, según lo previsto en el proyecto de Ley, sólo se generará “bronca política”, en la medida de que ninguna CCAA responsable de la asistencia sanitaria a sus ciudadanos admitirá que se recorten sus atribuciones para organizar la gestión como mejor le parezca.

No se puede hacer una planificación en una pizarra sin tener en cuenta todos los agentes y factores que coadyuvan la realidad actual de la sanidad madrileña

No puedo evitar preguntarme porqué se aprobó ayer este proyecto de Ley, que se presenta como un ariete propagandístico contra la sanidad privada, en la misma semana en la que se van a celebrar elecciones autonómicas en Andalucía. De verdad que no me gustaría ser malpensado.

Necesitamos despolitizar la sanidad. El único objetivo de los que trabajamos en ella, ya sea en el sector público o en el privado, es la mejor atención de los pacientes.

Noticia publicada en https://www.consalud.es/opinion/proyecto-ley-perjudica-dana-pacientes-sanidad-publica_116440_102.html